Javier Torres Parés
| PRIVATIZACIÓN Y CRISIS
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA*
Javier Torres Parés |
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El escenario educativo según el Banco Mundial
El Banco Mundial definió en 1994 sus principales lineamientos para la educación superior en América Latina. 1 Resultado de un debate, las conclusiones se codificaron en un "resumen analítico" que define los criterios que se aplican en el otorgamiento de los préstamos que la institución hace para orientar el rumbo de la educación en la muy amplia y heterogénea región latinoamericana y del Caribe.2
Según las conclusiones del Banco, en los quince años previos a 1985, la educación superior en la región era "equiparable" a la de los países industrializados y su "crecimiento dramático" deterioró la calidad académica de las instituciones universitarias como resultado del estancamiento del gasto gubernamental en las universidades públicas. La heterogeneidad de los países de la región no le impide al Banco fijar esta premisa básica.
Para remediar los efectos causados por los bajos salarios de los profesores y la carencia de equipo y materiales, la institución bancaria prescribe mejorar "la eficiencia interna" por medio de "la introducción de modernos sistemas de información gerencial" e "incentivos de desempeño" y no, por ejemplo, con una ampliación presupuestal para las universidades y con mejores niveles salariales para los profesores.
En la visión del Banco Mundial, expresada en La Educación Superior en América Latina, el supuesto incremento en la matrícula en la educación superior, durante veinte años, es causa directa de la reducción de la calidad "de la instrucción" y del desempleo de los universitarios. El empleo (llamado eficiencia externa en el lenguaje bancario), podrá elevarse proporcionando al estudiante información sobre sueldos y flexibilizando los curriculum académicos para que se especialicen. Las conclusiones más académicas del Banco sugieren que la vocación del estudiante se rige exclusivamente por el nivel salarial que el mercado ofrece a los profesionales y que la llamada eficiencia externa se resuelve superespecializando sus conocimientos.
En el tema del financiamiento de la educación superior en países como México, el Banco Mundial razona en los siguientes términos: los jóvenes más pobres no están preparados académicamente para "competir exitosamente en la universidad pública" por lo que el resultado es que estos jóvenes optan por no hacer estudios universitarios o hacerlos pagando en instituciones privadas; los estudiantes más adinerados se benefician más de los subsidios a la universidad pública (se subsidia a los ricos). Para lograr "equidad" entre pobres y ricos, lo que la institución bancaria prescribe es reducir los subsidios a las universidades públicas y sustituirlos con cuotas para los estudiantes (ricos) de las universidades públicas y otorgar créditos para los estudiantes pobres, que en el lenguaje bancario son denominados subvenciones.
Esta aporía, este razonamiento limita aún más el subsidio a las universidades públicas y crea y afirma nuevos elementos de estratificación social que niegan a los jóvenes su derecho a una educación del mejor nivel posible para el mayor número posible. Los estudiantes con menos recursos económicos no estarán en mejores condiciones de "competir exitosamente" en la educación superior, entre otras razones, porque no encontrarán acceso a la educación media, puesto que el Banco Mundial supone que se separan del sistema educativo en la secundaria.
El escenario de la educación superior en México
En el periodo que considera el Banco Mundial (1970-1985), en México la tasa de escolarización de los jóvenes en edad universitaria alcanzó en 1985 un 15.4, su punto más alto. En ese mismo año Canadá contó con una tasa de escolaridad de 69.6, Estados Unidos de 60.7, España de 28.5. Argentina de 35.7 y Panamá de 24.6. En 1993 Canadá alcanzó una tasa de 102.9 (asisten también a la universidad quienes no están en edad universitaria), Estados Unidos de 79.7, España 44.1, Panamá 27.3, y México es el único país registrado por las fuentes cuya tasa de escolaridad cayó, aquí sí dramáticamente, a 13.8, clara herencia de la política educativa de los regímenes neoliberales; la aporía privatizante cumplió su cometido.3
Para México, la formación de la llamada "sociedad del conocimiento", está reservada para un número cada día menor de jóvenes de buenas familias, en una concepción educativa de claros rasgos oligárquicos y patrimonialistas, opuesta a nuestro marco legal y constitucional, es decir, al pacto social fundamental de la Nación.
En el texto constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al contrario de los presupuestos establecidos por el Banco Mundial, la educación que imparten las instituciones públicas autónomas por ley es un servicio público, una función social del Estado y un derecho que forma parte de las garantías individuales básicas. El Estado financia la educación universitaria para garantizar el cumplimiento de esta función (para todos, independientemente de su origen social) con el objeto de desarrollar al máximo las facultades del ser humano y se obliga a promover entre otros los valores de la solidaridad internacional, la democracia, la independencia del país y la justicia, fines muy superiores a los de la mera "instrucción" especializada para el mercado y las empresas.4
La Constitución obliga al Estado a proveer las necesidades financieras de las instituciones universitarias autónomas y señala la obligación en este sentido del Congreso de la Unión, que también está facultado para señalar las sanciones aplicables a todos aquellos que infrinjan estas disposiciones constitucionales, que si se cumplieran, harían innecesarias o mínimas las necesidades de otras fuentes de financiamiento que tienden a orientar a las instituciones nacionales en un sentido egoísta y diverso al que prevé nuestra Carta Magna.
La Universidad Nacional no escapó a la orientación educativa codificada por el Banco Mundial y promovida en términos similares por otras agencias internacionales. Asumida durante un largo periodo por las autoridades educativas del país, la política educativa ha llevado a la UNAM y a otras instituciones de educación superior a cambiar su naturaleza legal e histórica, a cuestionar la concepción de universidad plasmada en la Constitución5, a limitar su crecimiento y a adoptar los lineamientos considerados por el Banco Mundial u otros muy similares.
Acusada de megalomanía por los intelectuales más brillantes, presionada por los gobiernos que se proponen subordinarla a su proyecto económico y político, abandonada como institución pública nacional autónoma por muchos de los mismos universitarios, la UNAM optó por sustituir su antigua base social estudiantil y por reducir la dimensión de su sistema de educación media, por establecer cuotas por todo tipo de servicios, por "flexibilizar" las formaciones que ofrece y por asumir un proyecto para sí misma que la aparta de su condición y de sus fines.
No se elaboró un proyecto para la educación
superior que fortaleciera con nuevas instituciones del más alto
nivel universitario el sistema educativo del país y que rescatara
a la UNAM de un crecimiento excesivo, que ampliara al máximo las
oportunidades para muchos jóvenes en la educación media polivalente
de la mejor calidad; no se pensó en un desarrollo educativo incluyente
y democrático como la base para la construcción de un país
moderno capaz de asumir los retos del desarrollo internacional. Este proceso,
esta larga crisis de la universidad pública se expresa en la ampliación
del sistema incorporado de la UNAM, que le da la bienvenida a 114 000 estudiantes
de las escuelas incorporadas y limita o limitará de manera definitiva
en los próximos meses a 18 000 alumnos la matrícula de nuevo
ingreso del antiguo Colegio de Ciencias y Humanidades.6
Notas