Crisis de gobierno en la UNAM  Javier Torres Parés

Agosto 1999

I

El Reglamento General de Pagos de la Universidad Nacional, que el pleno del Consejo Universitario aprobó el lunes 15 de marzo, desató una crisis de representatividad del máximo órgano de gobierno universitario, resultado de la ilegitimidad y de la ilegalidad de esa resolución del Consejo.

La aprobación del nuevo reglamento de pagos se decidió en un Consejo Universitario disminuido por vicios en el procedimiento para convocar a los consejeros universitarios. Se reunieron 98 consejeros propietarios y suplentes, de 230 convocados durante el fin de semana, en muchos casos con notificaciones tardías, lo que imposibilitó a representantes de los académicos su asistencia a la reunión.

La situación creada por la inconformidad muy amplia y la polarización de la comunidad universitaria por el establecimiento de nuevas cuotas y tarifas de servicios educativos, que hizo muy conflictiva la reunión del pleno del Consejo Universitario, fue utilizada por los responsables de organizar la reunión como justificación para ocultar a los consejeros opuestos a la reforma la sede definitiva de la sesión; la maniobra impidió la presencia de 25 consejeros estudiantiles, representantes formales de unos

200 000 estudiantes universitarios, que intentaron participar en la discusión del pleno del Consejo. Los procedimientos utilizados para reunir a los representantes de los universitarios cuestionan la legitimidad de sus resoluciones.

El Consejo Universitario del 15 de marzo pasado, resolvió aceptar un nuevo mecanismo de financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, contenido en el reglamento de pagos. El Consejo excede su autoridad y sus facultades al aprobar el nuevo reglamento que establece un mecanismo de financiamiento de la Universidad diverso al establecido en la Ley Orgánica, cuya modificación es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

La legislación que norma la vida de las universidades públicas ordena que las funciones principales de la Universidad se garanticen con el presupuesto estatal fijado por el Congreso de la Unión. Las cuotas y los recursos provenientes de donaciones y de los muy diversos servicios que la Universidad presta, se consideran en las cuentas universitarias como recursos extraordinarios y no como base para proveer económicamente funciones importantes de la Universidad como la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. La legalidad de la resolución del Consejo Universitario es cuestionable en la medida en que el nuevo Reglamento General de Pagos transforma el mecanismo de financiamiento de la Universidad Nacional y establece el principio de pagar el costo de una parte creciente de las actividades de la Universidad con los aportes de particulares (un peso de la sociedad por un peso del Estado)  y tiende a separar la Universidad del Estado.

La administración de la Universidad interpreta la autonomía universitaria como independencia frente a los intereses nacionales y el interés general establecido por el Congreso Federal a través de la Ley Orgánica de la UNAM, es decir, reinterpreta la autonomía universitaria para justificar la privatización de la institución.

II

La reunión del Consejo Universitario del 15 de marzo que aprobó el nuevo reglamento de pagos, no esperó la conclusión y las recomendaciones que surgirían del diálogo y de los debates convocados por muy diversos Consejos Técnicos y Consejos Internos, ni fue suficientemente ponderada la opinión de los que se pronunciaron en contra o que propusieron modificaciones sustanciales al reglamento de pagos propuesto por el Rector el 11 de febrero; los Consejos Técnicos de importantes Facultades y Escuelas reconocieron la insuficiencia de la consulta que realizaron entre los miembros de sus comunidades.

La resolución del Consejo Universitario sobre las cuotas en la Universidad, marginó a numerosos Consejos Técnicos y profundizó la crisis de representación de esos cuerpos colegiados largamente cuestionados por su incapacidad para representar adecuadamente a sus comunidades. La crisis de los organismos colegiados de la Universidad es resultado de un largo proceso de fortalecimiento de los administradores que subordina y debilita la participación de académicos, de estudiantes y trabajadores en el gobierno de la UNAM. La administración de la Universidad ejerce un creciente control de los Consejos Técnicos de las Facultades y Escuelas y de los Consejos Internos de los Institutos y Centros de investigación y propició un permanente dominio en el Consejo Universitario de la mayoría automática de los directores de Institutos, Escuelas y Facultades, funcionarios que nombra la Junta de Gobierno. La capacidad de la Junta de Gobierno para preservar la autonomía de la Universidad por medio de la designación del Rector y de los directores de las Facultades, Escuelas e Institutos de acuerdo con las propuestas emanadas de la comunidad universitaria, debe sujetarse a valoración y crítica.

Grupos cada vez más amplios de la comunidad universitaria cuestionan a estos organismos de gobierno de la comunidad universitaria. El acuerdo principal entre los miles de universitarios que respondieron a las preguntas formuladas en la consulta que realizó la Asamblea Estudiantil Universitaria el jueves 15 de abril, fue en torno a la necesidad de democratizar la toma de decisiones y la estructura de gobierno en la UNAM.

La situación de crisis de la fórmula colegiada de gobierno de la UNAM es consecuencia del fortalecimiento de las autoridades administrativas que no reconocen el marco legal e histórico de sus facultades y los límites de su autoridad. La negativa de Javier Jiménez Espriú, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, a que el Rector explique la situación de la Universidad Nacional en la Cámara de Diputados, argumentando que la autonomía de la Universidad sólo lo obliga a informar a sus propios órganos de gobierno, es un índice de la ruptura de la relación entre Universidad y Estado y muestra el deterioro del sistema de equilibrio entre autoridades personales y colectivas que delimita sus respectivas facultades y supone su mutuo reconocimiento.  La reunión del pleno del Consejo Universitario del reciente 15 de marzo, mostró la magnitud de la crisis de gobierno en la UNAM, crisis que arrastra a otros organismos colegiados como el Tribunal Universitario.

El cuestionamiento severo que enfrentan los órganos de gobierno de la UNAM, les impide resolver el conflicto y la huelga estudiantil que rechaza las cuotas, el pago de servicios educativos y las restricciones en la matrícula  e hizo inviable la resolución del Consejo Universitario del 8 de abril en el sentido de limitar a los Consejos Técnicos y a la Comisión de presupuestos del Consejo Universitario la generación de un verdadero consenso de la comunidad universitaria en torno al problema que paraliza a la Universidad. La UNAM enfrenta una peligrosa crisis de gobierno que le imposibilita resolver y atender las demandas del movimiento estudiantil en curso y orientar el desarrollo académico de la Universidad de modo incluyente y armónico.

Los organismos de gobierno de la UNAM tendrán que reformarse para fortalecerlos dando un mayor peso a los académicos y a la comunidad universitaria y para limitar el peso de la burocracia en el gobierno de la Universidad. La legislación que norma a la Junta de Gobierno de la UNAM tendrá que garantizar que este importante organismo preserve la autonomía universitaria estableciendo mecanismos de consulta más adecuados para elegir rector y directores de acuerdo con las propuestas de la comunidad y evitar que la Universidad se subordine a las presiones del grupo de poder en el gobierno o a los grupos sociales que pretenden subordinarla a sus intereses particulares.